Operativos realizados en Municipios de la Laguna de Durango
ponen en evidencia la voracidad del
Gobierno al anteponer los fines recaudatorios al bienestar de los habitantes.
En los últimos días se ha podido observar los operativos que
realiza la Subdelegación de Autotransporte en la Región Lagunera para
regularizar la situación de taxis y camiones de las diferentes rutas, situación
que lo único que ocasiona es la incomodidad de los usuarios que tienen la mala
suerte de estar a bordo de las unidades de autotransporte que se topan con
dichos operativos.
A decir del titular de la Subdelegación de Autotransporte en
la Región, Juan Manuel González Alonso, los operativos son diarios, sorpresivos
y aleatorios, y solamente se retiran de circulación la unidades cuyos
operadores no cuentan con licencia de conducir, tarjetón o alguna garantía, así
como las unidades de mayor antigüedad que no cumplen con las condiciones para
prestar el servicio de manera adecuada.
Sin embargo esto no coincide con la realidad, pues es común
observar en las calles que circula una buena cantidad de unidades de
autotransporte como taxis, camiones o combis que no portan placas o son de
modelos muy antiguos, lo cual deja en entredicho el supuesto objetivo de estas
acciones.
Por otra parte se ha generado malestar en los conductores
que circulan por el boulevard Ejército Mexicano por el ¨halconeo¨ que realizan
agentes de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio quienes escondidos con pistola de velocidad en mano se
encuentran al acecho de vehículos que según consideren ellos circulan a
velocidad superior a los 80 kilómetros por hora con el propósito de evitar que
personas sean atropelladas en el intento de cruzar el periférico, pero no se organiza
una campaña de concientización para que las personas utilicen los puentes
peatonales que se encuentran a muy pocos metros de donde se llevan a cabo estos
supuestos operativos de velocidad, que como es conocido por todos, las multas
son muy elevadas.
El Municipio de Lerdo no es la excepción en este tipo de
operativos recaudatorios, pues los conductores que tienen la mala suerte de
toparse con el alcoholímetro y dar positivo a esta prueba deberán de realizar
el pago de 1800 pesos por liberar al conductor detenido, 3,000 pesos de multa
para liberar el vehículo y además 800 pesos de corralón, es decir 5,600 pesos
por cada caso positivo en el alcoholímetro, esto sin dejar de lado que el
conductor es detenido y llevado en la patrulla
de seguridad pública resguardado por policías y elementos del ejército.
Lo anterior ha generado molestias pues si el fin principal
del operativo alcoholímetro fuera evitar accidentes viales se debería tomar el
ejemplo de la operatividad llevada a cabo en la vecina ciudad de Torreón años
atrás, donde al detectar a un conductor que consumió bebidas etílicas se le
baja de su vehículo y un elemento de vialidad conduce el auto particular pero
para llevarlo a casa del conductor indispuesto.
Es evidente que el objetivo de estos operativos es meramente
para captar recursos económicos, pues los hechos demuestran que no han sido
efectivos, lo único que se genera con ellos es la incomodidad para usuarios y
conductores de vehículos particulares.
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